La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó el estado de la educación inclusiva en Argentina y destacó una gran disparidad entre las provincias, sobre todo con respecto a la provisión de los apoyos brindados. En Tucumán, hay una presencia mayoritaria del sector privado por sobre el público.

En el país, todas las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en un sistema de educación inclusivo, en condiciones de igualdad, sin ser excluidos de las escuelas comunes. Sin embargo, el informe señala que persisten muchas barreras y obstáculos para hacer efectivo este derecho. Entre estos, se destaca la provisión de los apoyos según cada provincia.

Mientras que en algunos casi la totalidad de los apoyos provienen del Estado, en otros distritos hay una presencia mayoritaria del sector privado. Este último es el caso de Tucumán, donde el sector privado apoya en un 61,16% a la educación inclusiva y el sector público, un 38,84%, según el relevamiento.

Esta situación se repite en otras cinco provincias: en Santiago del Estero, el apoyo del sector privado predomina en el 59,68% sobre el 40,32% del público; en Corrientes, resalta el 52,74% sobre un 47,26%; en Córdoba, el 68,83% sobre un 31,17%; en San Juan, el 65,89% sobre un 34,11%; y en CABA, predomina el 79,49% de apoyo del sector privado sobre un 20,51% del estatal.

En cambio, el resto de las provincias obtiene mayor apoyo del Estado, incluso en altos porcentajes, como: La Pampa (94,04% de apoyo estatal), Santa Cruz (93,75%), Tierra del Fuego (90,12%), Río Negro (88,90%), Chubut (79,21%), Neuquén (76,15%) y Buenos Aires (74,45%).

Cabe resaltar que con estos índices se evidencia un mayor apoyo estatal a la educación inclusiva en las provincias del sur de Argentina, mientras que en las provincias del norte, los porcentajes se mantienen entre un 50 y 60%, a excepción de Jujuy con 70,42% de apoyo estatal sobre un 29,58% del sector privado.

Además, el informe indica que el 70,42% de las escuelas privadas de educación especial reciben subvención estatal, y que el 44,36% de ellas son subsidiadas en su totalidad, por lo que concluye: “esto muestra que el Estado utiliza una cantidad significativa de recursos de educación a sostener escuelas segregadas, cuando podría destinar ese presupuesto a su transformación en centros de apoyo a la inclusión”.

En tanto, ACIJ analiza que “el apoyo docente, en particular el estatal, suele ser fragmentado y discontinuo” y que, debido a la falta de información estadística sobre la cantidad, calidad y tipos de apoyos disponibles para la inclusión en las escuelas, “se impide diseñar políticas públicas para asegurar su disponibilidad a todos los estudiantes”.

En porcentajes, “el 80,25% del alumnado con discapacidad que asiste a la escuela común cuenta con personal de apoyo; el 37,5% (44.278 estudiantes) provienen del sector privado -obras sociales, prepagas, contratación particular-, mientras que el 62,5% del sector estatal”.

Escuelas especiales

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció que remitir estudiantes a escuelas especiales o, en cambio, permitir su asistencia en escuelas comunes sin asegurar su aprendizaje y participación, es discriminación.

En este sentido, la Asociación analizó que, si bien cada vez más niños y niñas asisten a la escuela común, aún hay muchos que son excluidos, y que persisten grandes deudas para que aprendan, participen y progresen en condiciones de igualdad.

En 2020, un 39,8% de los estudiantes con discapacidad estaban segregados en escuelas especiales. De ellos, el 65,5% tenían discapacidad intelectual. Actualmente, el número es de 101.898 niñas, niños y adolescentes.

Y según el nivel educativo, se observan diferencias significativas. En la educación inicial, el porcentaje de niños que concurren a escuelas comunes es de 62,79%, y a las escuelas especiales, 37,21%. En la educación primaria los porcentajes son similares: el 64,23% de los niños estudian en las escuelas comunes y un 35,77% en las especiales.

En cambio, los porcentajes se acercan más en lo que respecta a la educación secundaria, donde el 52,37% de los adolescentes con discapacidad asisten a escuelas comunes y un 47,63% a escuelas especiales.

“La educación inclusiva no implica simplemente que los y las estudiantes con discapacidad estén presentes en la escuela común, sino que las instituciones educativas se transformen para que efectivamente aprendan y participen en condiciones de igualdad”, resume el documento. (Producción periodística de Bárbara Nieva).